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POLÍTICA INSTITUCIONAL

Para que nuestro país sea una gran Argentina, no nos podemos conformar con que nuestra democracia haya solamente garantizado desde 1983 hasta hoy elecciones periódicas y transparentes. Es decir, el concepto de democracia en su expresión mínima, el gobierno de las mayorías.

Entonces cuando analizamos nuestro sistema de gobierno y sus instituciones tenemos que aspirar a plasmar en nuestra realidad esa ambiciosa constitución. En este sentido, la brecha existente entre la regla escrita y su funcionamiento es muy amplia. El híper presidencialismo es producto del diseño constitucional y de la debilidad institucional, avanza sobre el Poder Judicial poniendo en riesgo su independencia, y sobre el Congreso a través del uso indebido de los decretos de necesidad de urgencia y la delegación de súper poderes a órganos del Poder Ejecutivo. La falta de cumplimiento de los frenos y contrapesos establecidos por nuestra constitución nos lleva a la deformación de nuestro sistema de gobierno y la exacerbación de sus vicios institucionales. Así las instituciones republicanas están sumamente debilitadas por su inestabilidad, prácticas informales y antidemocráticas que cada vez se profundizan y extienden más.

Las reglas al no ser estables y no cumplirse, en vez de arraigarse y generar expectativas compartidas de conducta se terminan derrumbando. Se genera falta de cooperación y confianza en las instituciones y la proliferación de reglas informales. Y se crean incentivos perversos para que algunos actores políticos persigan sus objetivos a través de canales informales. Actualmente, el uso de la “caja” condicionando al adversario, el clientelismo, los negocios y el ejercicio de un poder faccioso son moneda corriente. Es necesario armar un sistema político alternativo donde los representantes puedan representar genuinamente a los ciudadanos.

Las características de la institucionalidad argentina no permiten pensar acciones conformes a las reglas o dentro de la ley ni un futuro previsible. Esta situación ha limitado la cooperación y ha generado la imposibilidad de celebrar acuerdos inter-temporales entre los dirigentes políticos y económicos que perduren en el tiempo y nos trasciendan. Las consecuencias repercuten en el desarrollo institucional y en el progreso social y económico del país. Por eso es necesario reencontrar “el acuerdo inter-temporal” más importante de todos: el contrato institucional.

Ante este estado de cosas, es preciso fortalecer el sistema a través de la participación en la vida pública de una coalición cívica y ciudadana y de una fuerte deliberación pública de los temas de interés, que parta de reconocer que:

• La representación política es necesaria, pero también es necesario impulsar la participación directa de los ciudadanos en condiciones igualitarias.
• La República Igualitaria requiere reconocer la igualdad moral de todas las personas, asegurar las condiciones para la vigencia plena de la igualdad de oportunidades y aceptar que para que ello sea posible, es precisa la intervención del Estado y la participación efectiva de la sociedad.

Plan federal de lucha contra la corrupción.

En nuestro país, la corrupción se encuentra institucionalizada, se alimenta a sí misma y afecta a los propios mecanismos implementados para contenerla y combatirla. Ante esta situación, proponemos medidas sistémicas tendientes a prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y promover una mayor concientización y difusión de la problemática. Esta tarea debe abordarse desde una estrategia federal, en la cual se instará a coordinar y potenciar las acciones entre el gobierno central y las autoridades provinciales y municipales.

Estrategias de Prevención.

• Promover una toma de conciencia social sobre los perjuicios económicos, políticos y sociales que la corrupción tiene en la vida del argentino.
• Fortalecer los organismos de control existentes y crear nuevos. En especial, crear Agencias Especializadas en materia de Ética Pública y fortalecer las ya existentes, a nivel nacional, provincial y municipal.
• Rediseñar y profesionalizar la AGN y la SIGEN. Para ello se propone, entre otras medidas:

- Reformar el método de designación del Síndico General de la Nación y síndicos adjuntos mediante un proceso público, basado en el mérito.
- Reformar el método de designación de los integrantes de la AGN, a fin de ampliar la representación de las minorías y garantizar que el control del organismo no esté en manos del partido mayoritario.
- Fijar normas de conflictos de intereses o incompatibilidades a las que estarán sujetas sus autoridades.
- Ampliar el tipo de control que realizan, agregándose al control posterior, el control previo y concomitante.
- Dar una mayor publicidad de sus auditorías, planes de auditoría anuales e informes anuales de su gestión.
- Crear Comités de Control para monitorear el cumplimiento de las observaciones o recomendaciones que realizan.

• Promover una mayor cooperación, coordinación e intercambio de información con otros organismos de control.
• Reconocer la posibilidad de que la AGN pueda intervenir en procesos penales como querellante.
• Crear mecanismos que permitan la participación ciudadana en las tareas de control o en el seguimiento de la implementación de recomendaciones.
• Fortalecer la Comisión del Congreso Nacional que tiene a su cargo la evaluación de los dictámenes de la AGN, para que ejerza un control real sobre la Administración Pública.
• Promover la reforma y fortalecimiento de otros organismos de control (como los Entes Reguladores y la Unidad de Información Financiera), con designaciones por mérito de sus integrantes y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de audiencias públicas de carácter vinculante.
• Revisar y modificar la legislación comercial para evitar su utilización en la comisión de hechos de corrupción.

Para contar con una normativa sobre Ética Pública integral y eficiente:

• Elaborar normas que regulen los potenciales conflictos de intereses que pueden llegar a tener los funcionarios públicos que tengan por objetivo general prevenir la captura del Estado por parte del sector privado o de sectores corporativos.
• Fijar un régimen amplio de publicidad de declaraciones juradas patrimoniales que permita controlar la situación patrimonial del/a funcionario/a, tanto al ingresar como al culminar su función o mandato, sus antecedentes laborales, y la de sus familiares directos.
• Sancionar una nueva ley de compras y contrataciones del Estado que se ajuste a las pautas fijadas internacionalmente para combatir la corrupción.
• Aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, que permita a cualquier persona solicitar información en poder de organismos públicos o de empresas de servicios públicos, en forma gratuita y de fácil acceso.
• Contar con leyes y reglamentos que permitan controlar las reuniones y contactos de los funcionarios con grupos de interés.
• Ampliar los mecanismos de participación de la sociedad civil y del sector privado a través de audiencias públicas, elaboración participada de normas, consulta popular, presupuesto participativo, carta compromiso con los ciudadanos, monitoreos institucionales, banco de datos de funcionarios públicos y candidatos, directores de sociedades comerciales con participación estatal, entre otras acciones.

Medidas para la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de corrupción.

• Modificar la Política de Persecución Criminal del Estado de los delitos de la Pobreza hacia los delitos del Poder.
• Crear Fiscalías Anticorrupción dentro de los Ministerios Públicos de las distintas jurisdicciones del país, con amplias competencias para investigar, recibir y presentar denuncias.
• Ampliar las competencias de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, e incrementar su presupuesto y su personal para que pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones.
• Recuperar el dinero que el Estado perdió por hechos de corrupción, promoviendo acciones civiles de daños y perjuicios.
• Fijar un régimen de protección a denunciantes, testigos, peritos y víctimas de actos de corrupción, de forma que ninguna persona sea sancionada o perjudicada por denunciar actos de corrupción, o ser testigo, perito o víctima de tales actos.
• Promover la cooperación internacional para prevenir, investigar y combatir los actos de corrupción y otras formas de crimen transnacional como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y las distintas variantes del crimen organizado.
• Reformar sustancialmente la Ley de Inteligencia para fijar mayores exigencias para la documentación de sus gastos, para facilitar el control judicial de estos casos, y para que el Congreso Nacional efectúe un control real sobre las actividades desarrolladas y gastos efectuados al amparo de esta ley.
• Establecer expresamente que la asignación de fondos de carácter reservado y/o secreto se podrá realizar únicamente a los organismos que tengan servicios atinentes con la seguridad del Estado.
• Revisar y readecuar las penas de los delitos contra la administración pública.
• Ante la creciente complejidad y sofisticación de la criminalidad económica, se propone incorporar nuevas herramientas al Código Penal Argentino nuevas herramientas. Entre ellas:

- Decomiso de bienes sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar el origen ilícito de los mismos o del hecho material al que estuvieren vinculados; cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los mismos, o cuando éste no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que es a través de ellas que se cometen importantes actos de corrupción. La pena de cárcel que sí es aplicable a los particulares se sustituye en el caso de las empresas por un régimen sancionador que va desde la imposición de multas hasta la clausura de la empresa, pasando por la suspensión de sus actividades e intervención judicial o la disolución.
- Figura del arrepentido, para que aquellas personas que estuvieren involucradas en hechos punibles puedan someterse a la justicia denunciado la ilicitud y con ello reducir la punibilidad de sus actos. La denuncia sólo puede hacerse para delitos de igual o mayor gravedad.
- Creación de un tipo legal autónomo con penas de 4 a 15 años para los jueces prevaricadores.

Medidas para combatir el lavado de dinero

• Cumplimiento con los compromisos legislativos, operativos y funcionales asumidos en el GAFI.
• Supresión de la actual UIF, para crear la Agencia de Inteligencia Financiera, con autonomía y autarquía funcional y económica, integrada por profesionales con probada experiencia en la temática nombrados por concurso, nombrados y monitoreados por una comisión bicameral especial del Congreso de la Nación.
• Tipificación del lavado de dinero como delito autónomo y no como un encubrimiento agravado. Aumento de penas y multas. Incremento de sujetos obligados a brindar información de operaciones sospechosas.

Propuestas para una República igualitaria

La implementación de procedimientos y mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en la adopción de las decisiones que hacen al desarrollo de la vida pública del país, resulta imprescindible para ampliar la discusión pública y brindar legitimidad al régimen republicano-democrático adoptado. Sobre la base de estas consideraciones, la Coalición Cívica propone:

• Institucionalizar la necesidad de escuchar las voces y opiniones de todos aquellos que se verán afectados por una decisión, en forma previa a su adopción.
• Recoger la rica experiencia de los movimientos sociales como los piqueteros, los jubilados, las mujeres agropecuarias, las asambleas barriales, las fábricas
• recuperadas o reconvertidas, junto con las más tradicionales experiencias de la lucha sindical, de los movimientos de mujeres, para lograr una verdadera democracia representativa.
• Informar a la ciudadanía sobre los temas en discusión para permitir la intervención de los interesados en el debate. Para ello, hay que asegurar la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública y la regulación de los procedimientos para su ejercicio.
• Lograr un especial compromiso de los medios de comunicación y una regulación adecuada que permita tener la información necesaria.
• Establecer instrumentos que permitan garantizar la participación y control de la ciudadanía sobre todos los poderes del Estado, por ejemplo, a través de audiencias públicas obligatorias en algunos supuestos y de la obligación de brindar razones cuando se dejan de lado las opiniones de los actores.

Eliminación del Hiperpresidencialismo

No estaban errados los constituyentes de 1994 que veían en el híper -presidencialismo uno de los grandes males de la Argentina. No estaban errados cuando en esos debates introdujeron a la Constitución una serie de instrumentos para desandar ese camino de concentración excesiva de facultades en el Ejecutivo y debilitamiento del Legislativo. Habían hecho lo correcto, pero no alcanzó. No fue suficiente porque el planteo fue puramente institucionalista y se dejó para más tarde pensar mecanismos para el involucramiento de la sociedad civil en el control de la gestión pública. Se suponía que con un Parlamento fortalecido era suficiente, pero la historia demostró que no fue así.

En estos 16 años de sancionada la Constitución de 1994, los poderes ejecutivos que ostentaban mayorías parlamentarias se las fueron ingeniando para recuperar esas atribuciones cedidas. Ostensiblemente, entre 2005 y 2008, el país vio cómo las leyes que reglamentaron el Consejo de la Magistratura y el trámite para los DNU, inclinaban a favor del Poder Ejecutivo la balanza del poder. Para entonces, el Jefe de Gabinete ya había dejado de ser un nexo entre el Parlamento y el Presidente y era apenas un ministro más de éste. En simultáneo, la sanción definitiva de los superpoderes, con la reforma al Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera convertía al debate del presupuesto en una ficción.

Otra vez la política se recostó sobre sus privilegios corporativos y obturó la emergencia de una ciudadanía activa dispuesta a implicarse en los asuntos del Estado. Faltó accountability. Podríamos definir accountability como las instancias de control del ejercicio democrático. Según Guillermo O´Donnell, existe accountability vertical y el horizontal. El primero se refiere al ejercicio de elecciones libres y regulares donde existe el premio y castigo de los votantes a los representantes. También incluye el rol de los medios de comunicación y de algunas organizaciones de la sociedad civil que monitorean las acciones de gobierno y dan a conocer a la opinión pública, por ejemplo, actos de corrupción de los gobernantes. En cuanto a la dimensión de accountability horizontal, se trata del control que promueven ciertas agencias estatales con capacidad legal, técnica y financiera que garantice cierta independencia para llevar adelante su función. Para que el accountability horizontal sea efectivo deben existir instituciones republicanas independientes con capacidad de supervisar, controlar, rectificar y sancionar.

Sin accountability vertical ni horizontal, el híper presidencialismo se consolida, los gobiernos se acostumbran al autoritarismo y aspiran a seguir concentrando facultades a costa de los otros poderes del Estado y la sociedad civil. Varios son los ejemplos que ilustran esta forma de ejercicio del poder. Por ejemplo el modo en que se ejecuta el presupuesto, a partir de leyes que autorizan que el destino de los recursos públicos sea decidido por una persona. Lo mismo sucede con el uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y una reglamentación que no permite que el Congreso efectúe un control real sobre el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, proponemos:

• Volver a insistir para que el Parlamento recupere sus funciones, derogando la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera del año 2006 y para reformar la ley que regula el control que el Congreso nacional debe hacer sobre los decretos de necesidad y urgencia para que se transforme en un verdadero control.

Otra muestra de concentración de poder son las atribuciones legislativas que han sido delegadas en el Ejecutivo y de las cuales se han dictado normas como consecuencia de dicha delegación. En el marco de la cláusula transitoria 8ª de la Constitución Nacional y como consecuencia de la revisión realizada en el contexto de la ley 26.519 por el Congreso de la Nación del total de las leyes que contenían facultades delegadas, el 24 de agosto de 2010, no se han prorrogado las facultades delegadas en el PE.

Del análisis realizado por la comisión de la ley 26.519 la Coalición Cívica se identificaron aproximadamente 240 leyes que quedaron con facultades delegadas. Sobre las mismas, se propone un plan de trabajo legislativo a fin de determinar ley por ley si corresponde dejar operar la caducidad o ratificar la delegación legislativa, determinando en cada caso si las leyes delegantes contienen el plazo fijado para su ejercicio y las bases de la delegación establecida en el art 76 de la CN. Al mismo tiempo y para encarar esta compleja tarea, desde el Congreso, a partir de agosto de 2010 la Coalición Cívica ha presentado distintos proyectos que derogan y o modifican las leyes que contienen delegación y que consideran de importancia para la administración del Estado.

Se torna perentorio integrar de manera institucionalizada la participación ciudadana en la vida de la democracia para robustecerla y hacerla más plural brindando legitimidad al sistema. Existen instrumentos que permiten garantizar la participación y control de la ciudadanía sobre todos los poderes del Estado, por ejemplo, a través de audiencias públicas obligatorias en algunos supuestos y de la obligación de brindar razones cuando se dejan de lado las opiniones de los actores.

Fortalecimiento del Congreso Nacional

El Congreso Nacional ha evolucionado en este último tiempo en términos de debate y discusión. Sin embargo, el último año legislativo ha demostrado que si bien pudieron instalarse algunos asuntos de interés para la oposición en la agenda pública, muy pocos de ellos lograron una aprobación de ambas Cámaras o si lo hicieron su éxito se vio opacado por el veto presidencial. El Congreso Nacional sigue enfrentando obstáculos a la hora de alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas que lo componen y es este modo de hacer política el que socava el sistema deliberativo por el que nos debemos regir. Las decisiones más trascendentes para la vida de nuestros ciudadanos deben dejar de ser tomadas en privado mediante acuerdos políticos. De este modo, es imperioso que el Poder Legislativo asuma un rol fundamental en la fijación de políticas públicas y en el ejercicio de sus funciones de contralor.

Proponemos diversas medidas para jerarquizar la labor legislativa, mejorar las normas de funcionamiento del Parlamento y garantizar una mejor representación de los intereses de la sociedad.

Las voces de la sociedad en el Parlamento

De acuerdo con el modelo que se propugna de República participativa y deliberativa, se considera conveniente afianzar la presencia de todas las voces en el debate público -sobre todo en aquellos casos de mayor trascendencia para la ciudadanía-, y los lazos entre representados y representantes. Para ello la Coalición Cívica se propone:

• Establecer la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas frente a todo proyecto de ley que pueda afectar derechos fundamentales o de incidencia colectiva, o resulten de interés público. En este sentido hemos presentado (junto a otros bloques) una iniciativa para que la convocatoria a audiencias públicas no quede exclusivamente en manos de los presidentes de las comisiones sino que sea a pedido de los integrantes de las mismas.
• Impulsar mecanismos que estipulen la posibilidad de que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil intervengan en el tratamiento de los temas de su interés en las reuniones de las comisiones parlamentarias. En este sentido hemos impulsado la creación de la Oficina de Diálogo, Participación y Vinculación Ciudadana con el Congreso de la Nación con el fin de fortalecer el vínculo entre el Poder Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil con el fin de potenciar los procesos legislativos, a partir de la implementación de mecanismos que favorezcan el diálogo constructivo
• Diseñar mecanismos eficientes para lograr la participación ciudadana en temas trascendentes, a través de procesos tales como el establecimiento de procedimientos participativos para la elaboración de normas obligatorios.
• Modificar sustancialmente la ley de iniciativa popular, para simplificar el trámite y garantizar la efectiva discusión en el Congreso una vez presentada.
• Insistir en la sanción de la ley nacional de Acceso a la Información Pública.

Mayor transparencia en el trabajo legislativo y control ciudadano.

Resulta imprescindible transparentar la labor del Poder Legislativo. La existencia de mecanismos institucionales que aseguren la posibilidad de acceder a la información legislativa, es decisiva para garantizar la participación ciudadana en el control de los actos de gobierno. Al respecto, proponemos:

• Establecer la prohibición del dictado de decretos secretos y disponer la publicación de los decretos secretos ya dictados.
• Garantizar la publicidad de todas las reuniones de las Comisiones parlamentarias y de las sesiones de ambas Cámaras del Congreso y ampliar la difusión de las a través de televisión, radio e Internet.
• Establecer la publicidad de las agendas de reuniones por gestión de intereses de todos los legisladores y las autoridades legislativas.
• Difundir el currículo de los representantes, su declaración jurada de bienes, tanto al inicio como al final de sus mandatos.
• Dar a publicidad el presupuesto de las Cámaras y su ejecución.
• Implementar las recomendaciones del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.
• Crear la Oficina de Presupuesto como organismo descentralizado del Congreso de la Nación que funcione como órgano asesor en materia económica y presupuestaria.
• Crear una Oficina de Investigación del Congreso para el seguimiento de políticas públicas desarrolladas desde el Poder Ejecutivo.
• Promover que el Cuerpo legislativo se ocupe de atender las distintas iniciativas que cada legislador propone, en lugar de meramente otorgar su aquiescencia ante cada pedido del Poder Ejecutivo.
• Revalorización de las iniciativas de los legisladores y legisladoras y profesionalización del cuerpo de asesores y asesoras. Crear un Cuerpo de asesores permanentes en cada Cámara, al que se acceda por concurso público, que coexista con un sistema de contrataciones de personal de planta transitorio y/o contratados de asesoramiento personal de los legisladores, quienes deberán publicar el listado completo de estos asesores.

Reforma Política

Para que un proyecto de reforma política sea exitoso y pueda sostenerse en el tiempo es necesario que cumpla con dos requisitos esenciales: debe ser el fruto de un gran trabajo parlamentario y debe ser el resultado del consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas que participan del sistema. Cuando los cambios se introducen como soluciones a los problemas coyunturales que atraviesa determinada fuerza política, tenemos por resultado reformas parciales y transitorias que deslegitiman el sistema de representación política. Es por ello que insistimos en la necesidad de darnos un debate serio en el único lugar posible: el Parlamento, allí donde se encuentran las voces representativas de toda la ciudadanía.

Son varios los ejes que esta reforma debiera contener, algunos de ellos indispensables:

• sustituir el sistema de boletas por partido por el sistema de boletas únicas;
• transferir del Ministerio del Interior a la Cámara Nacional Electoral la realización del escrutinio provisorio y la administración de los fondos destinados a los partidos políticos;
• establecer límites precisos a la publicidad oficial y cambios en el método de selección de autoridades de mesa.

La boleta única elimina las actuales prácticas de manipulación de las boletas, como su robo, el desvío a otras jurisdicciones electorales o su destrucción. En las elecciones de 2007 este tipo de maniobras impidió que muchos argentinos pudieran votar por los candidatos de su preferencia. La boleta única reduce además el efecto “arrastre”, ya que se imprime una boleta única para cada categoría diferente de candidatos.

Por otra parte, creemos que el escrutinio provisorio en manos de quien gobierna – cualquiera sea su signo político – genera siempre sospechas sobre su imparcialidad, porque el partido de gobierno también compite en la elección. Es por eso que impulsamos una reforma que ponga en manos de la justicia electoral su organización.

En el mismo sentido, la administración de los fondos públicos con destino a los partidos políticos no puede continuar en manos del Ministerio del Interior, puesto que si bien la ley establece criterios de distribución también deja un margen amplio de discrecionalidad con relación a los aportes extraordinarios que pueden recibir los partidos políticos y, por otra parte, siempre queda abierta la sospecha de que su administración pueda utilizarse en beneficio o perjuicio de algún partido político en particular.

Debemos fijar pautas que eviten la utilización de los espacios de publicidad oficial con fines electorales. En la reciente reforma al Código Nacional electoral se prohibió la contratación de publicidad en medios masivos de comunicación permitiendo solo la utilización de los espacios públicos. Consideramos que esto ha sido un avance si tenemos en cuenta que el mayor gasto en el que incurren los partidos políticos durante la campaña es en publicidad, y un anhelo histórico de nuestra fuerza. Resulta razonable pensar que sea el Estado el que garantice la difusión de las ideas, terminando de este modo con el financiamiento empresario de la publicidad en el marco de las campañas electorales. Sin embargo y en línea con aquellos países que instrumentaron esta clase de reformas, es necesario su complementación con otras reformas que establezcan que durante la campaña electoral no puede haber publicidad oficial. Durante la campaña electoral en esos países – como Chile- existe un riguroso control en la utilización de los recursos del Estado y, además, no se pueden inaugurar obras públicas durante ese período.

También debe exigirse a los partidos políticos que den a publicidad los antecedentes laborales, académicos, de compromiso social o comunitario, penales, y otros relevantes, de sus candidatos, así como sus declaraciones juradas de bienes e ingresos.

JUSTICIA EN LA REPÚBLICA DE IGUALES

Una justicia independiente e idónea.

La actualidad nos presenta un Poder Judicial con serias deficiencias motivadas en la falta de políticas judiciales coherentes, falta de inmediatez, bajo índice de resolución de conflictos en una realidad especialmente conflictiva, congestionamiento de los juzgados, lentitud en la resolución de las causas, entre tantas otras falencias. En este contexto, la ciudadanía demanda principalmente efectivo acceso a la justicia; eficacia en la investigación y sanción de delitos, especialmente de aquellos contra la administración del Estado; tramitación de causas en un plazo razonable; así como también requiere la implementación de mecanismos que garanticen transparencia y sistemas carentes de privilegios.

Por estas razones, se deben alentar diferentes medidas para asegurar una justicia independiente, imparcial e idónea. La reforma integral del servicio de administración de justicia también debe ser realizada a partir del consenso con la participación activa de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, y los sectores académicos.

Una justicia accesible a toda la ciudadanía.

Existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia: el costo de los honorarios de un profesional de su confianza y las dificultades para acceder a un patrocinio jurídico gratuito; el costo de los traslados hacia los tribunales y centros de atención jurídica gratuita; el costo de las tasas de justicia; el desconocimiento acerca de los derechos y los mecanismos de exigencia para su tutela; las diferentes barreras culturales entre quienes administran justicia y quienes requieren el servicio, etcétera. Al respecto consideramos de vital importancia:

• Implementar un sistema que asegure el derecho de todas las personas a contar con un abogado en forma gratuita, con consultorios gratuitos en los barrios y pueblos, convenios con los colegios de abogados, grandes estudios y facultades de derecho, entre otros.
• Crear instancias que otorguen la posibilidad de acceder a la justicia a las personas con menos recursos, como la creación de tribunales vecinales, de menor cuantía o multipuertas, casas de justicia, etcétera.
• Implementar la Justicia Rural.
• Redistribuir la competencia y crear nuevos fueros en distintas materias, para mejorar la calidad del servicio mediante la especialización, previo estudio profundo de las necesidades reales de los usuarios del sistema. En particular, evaluar la pertinencia de crear una justicia especializada en los derechos de los consumidores y usuarios, en concursos y quiebras, en ejecuciones con competencia tanto en juicios ejecutivos como en ejecución de sentencias y violencia familiar.
• Introducir modificaciones legislativas para que no se impongan a las personas de menores recursos los costos económicos de los juicios (honorarios de abogados, tasas, costas) y asegurar su derecho de acceso a la justicia.
• Garantizar a las víctimas de los delitos la posibilidad real de participar en los procesos penales a través de la creación de una Adjuntía de Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
• Poner en marcha programas destinados a que la ciudadanía conozca sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.
• Sancionar un Código Procesal Constitucional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En nuestro sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumple una función trascendental como último intérprete de la Constitución Nacional, ya que determina su contenido y delimita el alcance de los derechos fundamentales reconocidos en ella. Para mejorar las normas de su funcionamiento, alentamos:

• Modificar el Decreto que regula el mecanismo de designación de los Ministros a fin de permitir que la ciudadanía proponga al Poder Ejecutivo candidatos; extender los mecanismos de publicación de antecedentes de los candidatos en las distintas provincias y hacia organizaciones sociales; establecer el deber de que las objeciones que presentan los ciudadanos a los candidatos reciban algún tipo de respuesta y que la elevación del pliego contenga los fundamentos que rechazan tales objeciones.
• Ampliar el mecanismo de participación ciudadana ante el Senado de la Nación, cuando deba tratar los acuerdos a los candidatos enviados por el Poder Ejecutivo. Propugnamos mecanismos que permitan que ciudadanos del interior del país puedan intervenir en este ámbito de discusión. Además, consideramos que se debe aplicar este mecanismo de consulta y audiencia en todos los casos en que cualquiera de las Cámaras deba prestar su acuerdo para la designación de un funcionario
• Restringir su competencia ordinaria y delimitar el alcance del recurso extraordinario, la admisión en casos de arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional, de modo tal que entienda únicamente en aquellos casos relevantes para el funcionamiento de la democracia y los derechos humanos fundamentales.
• Derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 557/05, de forma tal que la Corte Suprema se avoque enteramente a su función jurisdiccional, y de devolver al Consejo de la Magistratura las atribuciones de administración que por mandato constitucional le corresponden.
• Procurar la implementación de normas y mecanismos que aseguren el conocimiento de la ciudadanía de la agenda de trabajo de la Corte y su participación en casos de interés público.
• Efectivizar el pago del impuesto a las ganancias de todos los magistrados y la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes.

El Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento.

En febrero de 2006, el oficialismo modificó la Ley del Consejo de la Magistratura, reformando entre otras cosas, la composición del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y el funcionamiento de las Comisiones, ante la oposición de académicos, ONGs, partidos políticos, y la ciudadanía en general. El objetivo buscado fue obtener una mayoría por parte de los representantes del partido de gobierno, que le permita tener el control de estos órganos, encargados nada menos que de decidir quiénes serán seleccionados para el cargo de jueces y cuáles serán removidos. Más tarde, en 2010, se debatió una modificación a dicha ley, mediante el trabajo conjunto de distintos espacios políticos y la participación de organizaciones de la sociedad civil que aportaron sus posiciones para una mejora del funcionamiento del Consejo. Si bien en la Cámara de Diputados se alcanzó una media sanción en este sentido, el Senado rechazó el proyecto al tratarlo sobre el final del año legislativo. Por ello, mantenemos nuestras propuestas en miras a mejorar el organismo que designa los jueces y las juezas para que nuestra justicia esté en manos de magistrados independientes, imparciales e idóneos. En esta línea reiteramos la importancia de:

• Reformar nuevamente la Ley del Consejo de la Magistratura y volver a una composición que respete la noción de equilibrio establecida en la Constitución Nacional, de manera de evitar el predominio del partido de gobierno, garantizar la independencia judicial y asegurar la representación de las minorías parlamentarias.
• Reformular la composición del Jurado de Enjuiciamiento, de modo que sea conformado por sorteo cuando le sean remitidas las acusaciones.
• Devolver al Consejo de la Magistratura las potestades reglamentarias y administrativas reconocidas por la Constitución Nacional.
• Implementar herramientas que obliguen a dar una amplia publicidad de los actos del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento y prever mecanismos que faciliten el control ciudadano de sus actividades.
• Crear un Registro de causas penales prescriptas, con especial atención al relevamiento de datos de la justicia federal, que permita conocer la cantidad de causas que son archivadas y las razones que motivan dichas resoluciones.
• Sancionar Códigos de Ética en el ejercicio de la función judicial y la reglamentación de las causales de mal desempeño en las funciones.
• Reformular el sistema de designación de jueces/zas, para limitar la discrecionalidad de los poderes políticos en este proceso y asegurar la participación y control de la ciudadanía desde las primeras instancias del proceso.
• Promover la igualdad de género en el acceso a los cargos de los tribunales.
• Fijar un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe los acuerdos de los candidatos al Senado para su designación, de manera tal de impedir el manejo arbitrario de los nombramientos.
• Implementar mecanismos de control y transparencia en relación con la administración del Poder Judicial a cargo del Consejo de la Magistratura, mediante la publicación de toda la información, dictámenes y resoluciones en la Página Web del Poder Judicial, y el control externo por parte de la Auditoría General de la Nación.
• Garantizar la transparencia en relación con la evolución patrimonial de los jueces y funcionarios, para lo cual indicamos la necesidad de reformar la normativa vigente por un régimen de declaraciones juradas de fácil acceso al público e implementación.
• Reglamentar el momento en que los magistrados sometidos a procesos de remoción pueden presentar su renuncia, evitando un obvio tráfico de influencias con el Poder Ejecutivo y que jueces que ven seriamente comprometida su responsabilidad puedan obtener el beneficio jubilatorio de la magistratura o se vean sometidos a presiones a cambio de librarse de la destitución.

Modificaciones en la gestión y organización de la administración de justicia.

A fin de contar con una administración de justicia ágil y eficiente, debe optimizarse el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en sus distintos ámbitos, abarcando no sólo los juzgados, sino también las fiscalías, defensorías, asesorías jurídicas, entre otros. En esta dirección, planteamos diferentes medidas:

• Revisión de las estructuras físicas y organizativas, dotando las oficinas de tecnología moderna que facilite y agilice las tareas (Ej.: comunicaciones electrónicas, tramitación digital de expedientes, etcétera).
• Reformulación de la organización interna de los juzgados y demás dependencias judiciales, que contemple un sistema de ingreso y ascenso del personal abierto mediante concurso para garantizar su transparencia e idoneidad, y democratización de las relaciones internas entre los mismos trabajadores.
• Creación de pautas de trabajo orientadas a dos ejes: sentencias constitucionales y justas, y buena atención del destinatario.
• Establecimiento de sistemas de control de gestión, que revisen la productividad, calidad y desempeño de los juzgados, es decir, un sistema de evaluación del funcionamiento de los tribunales de acuerdo con criterios objetivos.
• Instrumentación de un plan de reestructuración de infraestructura edilicia que brinde condiciones mínimas indispensables de trabajo, tanto para los empleados y funcionarios, como para la ciudadanía, en general.

Reorganizar la Justicia Federal.

Nuestra Constitución estableció un sistema de integración entre la justicia federal y las justicias provinciales que ha sido profundamente distorsionado por las malas prácticas institucionales y políticas. Por ello, consideramos necesario:

• Fijar criterios que atiendan a verdaderas necesidades, y no a favores políticos, para la creación de nuevos tribunales federales.
• Traspasar la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Reorganizar la justicia federal, de forma que contemple una nueva distribución de funciones y recursos, recupere el carácter excepcional de su competencia, concentre recursos en los casos complejos y de gravedad institucional, y concrete una verdadera integración con las justicias provinciales.

Reorganización del Ministerio Público

Desde la Coalición Cívica proponemos una reforma profunda del Ministerio público. El fiscal debe investigar y el juez brindar garantías y dictar sentencias.

Entre las medidas a adoptar, propiciamos:

• Modificar el sistema de designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación, en los mismos términos propuestos para modificar el sistema de designación de los Ministros de la Corte Suprema.
• Modificar el sistema de designación de los demás funcionarios del Ministerio Público, para dotarlo de mayor transparencia y que priorice el mérito e idoneidad de los postulantes, limitando para ello la discrecionalidad de los poderes políticos e incorporando mayores mecanismos de participación ciudadana.
• Reformular el Ministerio Público Fiscal, para que asuma de un modo más eficiente su tarea primordial de investigar los delitos en el contexto de un país que debe profundizar su lucha contra la impunidad estructural, en especial la de los sectores más poderosos y vinculados a la corrupción.
• Implementar un modelo de gestión descentralizada y la distribución de causas penales en fiscalías especializadas en algunas materias. Esta iniciativa debe acompañarse de concursos públicos, abiertos y transparentes, para la selección de los fiscales especializados en tales materias.
• Diseñar un plan de política criminal integrado y sostenido en el tiempo. El Estado debe identificar prioridades y objetivos deseados. Esto se debe traducir en las instrucciones del Procurador, las que deben ser publicadas y respetar la transparencia.
• Realzar el rol de la Defensoría General de la Nación mediante la promoción de políticas generales para el mejoramiento de la justicia. La calidad en la defensa de los imputados de determinados delitos, o bien de las personas de escasos recursos o menores de edad requieren especialización en la temática, además de vocación democrática.
• Facultar a la Defensoría que estudie e impulse casos de litigio colectivo y también iniciativas legislativas.
• Poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento y control del Ministerio Público en el Parlamento.

Reforma Integral del Código Procesal Penal de la Nación.

Impulsamos la sanción del proyecto de ley para la reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, y presentado por una legisladora de la Coalición Cívica, que tiene como finalidad remover las bases obsoletas e ineficientes de la Justicia Federal.

Los objetivos perseguidos con esta reforma, en consonancia con las modificaciones institucionales propuestas, son los siguientes:

• Acentuar el principio acusatorio, a través de la atribución de la investigación al Ministerio Publico Fiscal, y simplificar el proceso.
• Preservar y fortalecer el poder de los jueces, reservando su intervención a lo estrictamente jurisdiccional, y afianzar la vigencia del principio de imparcialidad.
• Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal tanto en la relación a la persecución de los delitos, como en la tutela de los derechos y garantías individuales, y favorecer una mayor intervención de la víctima del delito.
• Procurar un mayor acotamiento en los plazos de duración del proceso y regular el procedimiento para asuntos especiales y complejos.
• Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente con relación a delitos complejos o de alto impacto social.
• Contemplar formas compositivas del conflicto penal, a efectos de atenuar la aplicación de los instrumentos punitivos y posibilitar que se destinen mayores recursos institucionales a la persecución y castigo de los delitos que más afectan a la sociedad.
• Extender la oralidad a todas las instancias del proceso, a fin de simplificar y flexibilizar el trámite.

Reformas en la Defensoría del Pueblo de la Nación

El Defensor del Pueblo es uno de esos nuevos órganos de control de la Administración Pública, incorporado en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Dado que consideramos que este organismo puede jugar un rol de suma importancia en el control de la Administración Pública y en la defensa de los derechos de los ciudadanos, para mejorar y potenciar su trabajo, proponemos adoptar las siguientes medidas:

• Creación de delegaciones de la Defensoría en todas las provincias y principales municipios e implementación de delegaciones itinerantes, con el objeto de mejorar y ampliar el acceso a la justicia de diferentes sectores poblacionales.
• Participación de las minorías y de los ciudadanos en la designación del Defensor del Pueblo.
• Reconocimiento de legitimación procesal en la Ley de Creación de la Defensoría del Pueblo, para que pueda cumplir sin obstáculos sus funciones y objetivos.
• Reorganización interna que tenga en cuenta la especialización mediante adjuntías, entre ellas, la Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima.
• Creación de un sistema de monitoreo, mediante el cual la Defensoría pueda articular un diálogo entre los diferentes organismos de decisión e implementación de políticas públicas, a los fines de cumplir con los estándares exigidos por la comunidad internacional.

POLÍTICA DE MEDIOS Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Principios

El control de la gestión por parte de los ciudadanos es la base de todo sistema republicano y a su vez encuentra su garantía en el derecho a la información pública. De esta manera, se ha afirmado la importancia del derecho de acceso a la información para asegurar la participación, el control de la gestión pública, y la correspondiente rendición de cuentas por parte de los representantes.

La libertad de expresión y de imprenta es guía rectora de nuestra plataforma, en estricto cumplimiento con nuestra Constitución Nacional, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Asimismo, es necesaria la regulación legal de la distribución de la pauta oficial como principio, de modo tal de que no represente premios o castigos para los medios de comunicación. Pero también es necesaria para que exista una competencia igualitaria y democrática entre todos los partidos políticos durante los períodos de campañas electorales, dado que la publicidad oficial es utilizada por los gobiernos como publicidad electoral.

Acciones

1) Ley de acceso a la información pública y Régimen de publicidad oficial: Es imperiosa la sanción definitiva de las leyes que faciliten y permitan el libre acceso a la información y al conocimiento por parte de los ciudadanos. Argentina es deudora regional de una ley de acceso a la información pública. Asimismo, se requiere de leyes que regulen la discrecionalidad y el abuso con el que se distribuye el monto que represente la pauta oficial. Dichas leyes deben establecer mecanismos que permitan reducir la discrecionalidad de las autoridades de turno, y transparentar la administración de los fondos públicos.

Para eso, los titulares del derecho de acceso a la información pública deben tener legitimación activa para poder pedir información al Estado sin la obligación de explicar sus motivos. También debe existir la publicación activa de la información por medio de los distintos sitios de Internet. Asimismo, las excepciones al acceso deben estar explicitadas de manera taxativa en la ley; el ciudadano debe contar con un procedimiento ágil con un recurso judicial específico para frente al entorpecimiento o la negativa en la entrega de la información. Por último, debe existir una autoridad de aplicación independiente.

En un contexto actual donde lo más importante no es lo que se hace sino lo que se comunica, urge la implementación de un régimen específico para la distribución de la pauta oficial. El gasto en publicidad, solo a nivel nacional, supera los 800 millones de pesos anuales. Una ley de publicidad oficial que reduzca el enorme margen de discrecionalidad con el que se utilizan esos fondos públicos debe contener una clara distinción entre publicidad y propaganda política; criterios objetivos para la elección de los medios de comunicación donde pautar; la suspensión de la publicidad oficial en períodos de campañas y una autoridad de aplicación independiente de la autoridad de turno.

2. Modificación de ley de Medios Nº 26.522: La Coalición Cívica sostiene la necesidad de contar con una ley de medios democrática, y propone modificar la actual en los siguientes puntos:

a) Que el otorgamiento de licencias sea realizado sin el abuso de controles oficiales que puedan restringir el derecho de expresión.

b) Que la declaración de ilegalidad de las estaciones sólo pueda ser dictado por la Justicia y no por el Poder Ejecutivo (Artículo 12).

c) Modificar la Autoridad de Aplicación, impidiendo la delegación de facultades de representación en el Presidente del organismo, evitando se convierta la administración colegiada en la figura de interventor. Además, se propone evitar la injerencia del PEN en la selección del Presidente y Director. (Artículo 14).

d) Para tener una licencia, se deberá poder demostrar el origen legal de los fondos comprometidos en la inversión a realizar y no ser proveedor del Estado, ni concesionario de juegos de azar, ni de obra pública (Artículo 25).

e) Ampliar el plazo de desinversión a tres años y resguardar los derechos de los trabajadores que puedan quedar sin trabajo. (Artículo 161).