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BASES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN

El potencial de nuestro país para satisfacer las necesidades de su pueblo es enorme. Parte de ese potencial está dado por la capacidad, activa y latente, de darle al mundo lo que el mundo necesitará. Para el cumplimiento de esa tarea, el sector privado debe recibir las señales necesarias de parte del Estado, de manera tal que ambos expandan las oportunidades para nuestra gente a lo largo y a lo ancho del país. Las políticas públicas deben potenciar y hacer sostenible el crecimiento, en lugar de obstaculizarlo. La iniciativa indelegable del Estado asegurará que no haya excluidos en este proceso y promoverá el desarrollo. La integración con el mundo debe hacerse desde el interés nacional, a partir del convencimiento de que Argentina tiene mucho que aportar a la humanidad.

Imaginamos un país donde todos pueden aspirar a un empleo digno y a oportunidades crecientes, con regiones geográficas desarrolladas para lograr un país más equilibrado, y con un sendero de crecimiento sustentable -que deje de lado los ciclos de euforia y depresión tan característicos de nuestra historia reciente. Entendemos que la próxima década mostrará estancamiento económico en Estados Unidos y en gran parte de Europa, y que la evolución económica mundial liderada por el desarrollo en China, India, y otros países emergentes de Asia y América Latina reflejará una gran oportunidad que hay que aprovechar. Esa oportunidad estará dada por un elevado precio de los productos en los que somos competitivos y por la disponibilidad de capitales para la inversión, potenciada por nuestra independencia para hacer mejor uso de ellos.

El potencial de crecimiento de la economía requiere una utilización inteligente de los recursos productivos. A través de señales al sector privado, el Estado debe asegurarse de que no haya obstáculos o cuellos de botella para que la oferta se pueda expandir al máximo ritmo posible. La inversión en capital humano y capital físico irá determinando el potencial de expansión económica. La interacción público-privada, en temas como tecnología, mano de obra calificada, inmigración, o modelo de acumulación –entre otros-, es esencial en este proceso que debe mostrar visión de largo plazo. La manera de asegurarse que esa capacidad de generar bienes y servicios esté utilizada al máximo es a través del manejo de la demanda agregada de la economía. El consumo privado y público, la inversión privada y pública, y las exportaciones, pueden ser influidos a través de la política monetaria, fiscal y cambiaria.

El crecimiento sostenible asegura condiciones de progreso. Para que este progreso se extienda a toda nuestra Nación, hay que lograr que la infraestructura integre a las distintas regiones, que las actividades productivas respondan a un perfil que genere oportunidades para todos, y que los recursos fiscales estén bien distribuidos en todo el país. Una coparticipación justa es una necesidad imperiosa de los tiempos que vienen. El sistema ferroviario, las rutas y autovías, el manejo aeroportuario, los cursos navegables, son esenciales para un país tan extenso con el nuestro. Las inmensas posibilidades con las que cuentan nuestras provincias deberían potenciarse a través del impulso a las actividades productivas en las que puedan ser competitivos, dadas las mínimas condiciones de costos y transporte adecuados. Hay gran oportunidad de crecimiento genuino para muchas regiones del país, que debe ser aprovechada para facilitar su expansión y no ser presa de un Estado que la agobie con impuestos. La mirada por regiones es esencial para este enfoque que pretende dinamizar la estructura productiva.

No creemos en la teoría del derrame. En un país con tanto retroceso en las últimas décadas y tantos excluidos, se precisan políticas que aseguren que no quede ningún argentino fuera del sistema y mejoren la distribución del ingreso. Las políticas sociales deben cambiar su perfil asistencialista, buscando en cambio un enfoque integral que busque incorporar a los excluidos a la cultura del trabajo por sobre la dádiva. Un verdadero Ingreso Universal para la Niñez, asegurará que los menores de nuestro país puedan afrontar dignamente un período tan determinante de la vida. Nuestros planes de vivienda estarán enfocados a recrear condiciones de vida digna para todos. La reforma impositiva hará que paguen los que más tienen. Nuestra promoción a las actividades productivas en general, y a las PYMES en particular, junto con un esquema más federal, potenciarán también la expansión de actividades que generarán empleos genuinos y descomprimirán el hacinamiento del conurbano en el gran Buenos Aires. Y la recuperación de la calidad de las escuelas públicas, asegurará también que transitemos el camino hacia la ampliación de oportunidades.

La producción creciente y diversificada de bienes y servicios, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los argentinos, debe concebirse en un contexto institucional y cultural que respete y aliente la iniciativa privada, que defienda el interés nacional, y que asegure que no haya excluidos en el proceso. Es el rol del Estado bregar por la coexistencia de esas tres condiciones de manera permanente. Es que un crecimiento de la riqueza concentrada genera inseguridad e inestabilidad, por lo que es un imperativo que el crecimiento económico sea acompañado por la inclusión social. De la iniciativa y la capacidad inagotable de los ciudadanos dependerá la generación de oportunidades para todos, y para que ese esfuerzo prospere se tienen que dar las condiciones de libertad y certidumbre. En pos de una inserción inteligente a un mundo globalizado y competitivo, la defensa del interés nacional es condición indispensable.

Distinguiremos entonces algunos aspectos de las políticas públicas y su importancia para el desarrollo económico.

Sin Moneda no hay desarrollo

La incertidumbre es un componente esencial de la vida humana. Uno de los roles de las políticas macroeconómicas es el de disminuir lo máximo posible la incertidumbre inevitable que enfrentan quienes constituyen las arterias y las venas del cuerpo económico: los trabajadores, los empresarios, los ahorristas, los inversores, los emprendedores.

La primera gran incertidumbre que enfrenta nuestra economía es la inflación. La inflación creciente de los últimos años revela una gran inconsistencia en la política económica y es una grave herencia para el próximo gobierno. Es que sin moneda no hay desarrollo. Para crecer es necesario un medio de pago, una unidad de cuenta, una reserva de valor, un patrón de pagos diferido (las cuatro funciones de la moneda). ¿Cómo planificar, cómo proyectarse, cómo extender el horizonte temporal, sin crédito de largo plazo ni denominador común? La inflación destruye cada una de las cuatro funciones de la moneda.

Es condición indispensable para disminuir la incertidumbre lograr reducir la inflación, paulatina pero sostenidamente, sin perder la expansión económica. El fin último de la política monetaria es privilegiar una inflación baja y predecible, que asegure que la actividad económica esté dando su máximo potencial. La independencia del Banco Central es condición necesaria para ese objetivo.

La primera medida es reconocer el problema. Hay que volver a hacer del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) una institución respetable que mida bien la inflación. Mientras tanto, valiéndonos de las mediciones también hechas por el sector público pero de provincias “no intervenidas” por el INDEC, surge que estamos ante una inflación del 25% en los últimos doce meses, y creciente.

A continuación, hay que anunciar un sendero de inflación objetivo para los siguientes cuatro años, con valores descendentes que al final del proceso converjan a un rango de entre el 2% y el 6% anual. Debe haber un compromiso del gobierno con esa inflación descendente, ya que tiene que convencer a empresarios, sindicalistas, consumidores y ahorristas, de que ese sendero descendente es tan deseable como realista. Sólo así, a la hora de tomar sus decisiones, lo tendrán en cuenta y evitarán el costo recesivo de expectativas inflacionarias elevadas y erradas.

Hay que asegurar la independencia de los instrumentos para el Banco Central de la República Argentina, para que se pueda concentrar así en una política monetaria consistente con ese sendero de estabilidad. De igual forma, se necesita introducir penalidades para el Directorio de esa institución cuando se registren desvíos respecto a los objetivos.

Las reservas internacionales son el principal activo del ente encargado de la regulación monetaria y la contracara de diversos pasivos con los que el BCRA ejecuta su política monetaria y financiera. El BCRA debe administrar esos activos y pasivos de un modo independiente, buscando la estabilidad de la moneda y la utilización plena de los recursos productivos. Si en cambio la prioridad es facilitar el programa financiero del gobierno – entregándole las reservas a cambio de promesas de pago que deberán afrontar futuros gobiernos – se licúa peligrosamente el patrimonio del BCRA. Si además se le exige al BCRA que recompre rápidamente esas reservas con emisión monetaria, entonces el pago de deuda se financia con el peor de los impuestos que es la inflación.

Pagar deuda con reservas es pagar deuda con inflación. Ocurrió con el pago al FMI en 2006 y con el pago a bonistas en 2010. En ambos casos se duplicó la inflación. Durante 2011 el impuesto inflacionario superará los $40.000 millones, más de 3% del PIB. Un Banco Central independiente debe impedir que se privilegie al bonista extranjero a expensas de nuestros asalariados y nuestros conciudadanos más humildes.

Las tasas reales de interés deben dejar de ser un estímulo para financiar el consumismo de corto plazo, y dar lugar en cambio a la vuelta del crédito a tasas fijas nominales en pesos de largo plazo. Esto posibilitará la vuelta del crédito hipotecario y del financiamiento genuino de proyectos de inversión productivos que por su naturaleza son de largo plazo.

En materia de política fiscal, constituiremos un fondo de ahorro en los años buenos para hacer menos traumáticos los años difíciles. Debemos lograr una equilibrada ecuación entre crecimiento e inflación. En los años en los que el crecimiento económico está por debajo de su potencial, el gasto público debe crecer por encima de la recaudación, y en los años malos el gobierno debe impulsar la demanda agregada por medio de una política expansiva.

Para un país como el nuestro, tan sujeto a traumas externos adversos, es imprescindible contar con el máximo grado de libertad de acción y la mayor diversidad de instrumentos a ser utilizados cuando sea necesario. La política cambiaria es un capítulo importante de esta necesidad de poseer instrumentos para ayudar a amortiguar los ciclos. Un tipo de cambio flotante permite amortiguar los traumas externos -ya sean favorables o adversos-. Esta flotación permite además al Banco Central enfocarse en lo que deben ser sus objetivos excluyentes: la estabilidad de precios y el pleno empleo. Esta flotación debe cuidar los extremos, de manera de evitar sobrevaluaciones o subvaluaciones que puedan generar recesiones o inflaciones que nos alejen del sendero óptimo de expansión económica con estabilidad. Es preocupante la situación a la que hemos llegado en el 2010 con un tipo de cambio fijo y con una inflación muy alta, lo que empieza a originar problemas de competitividad a algunos sectores. El tipo de cambio real medido por la relación peso-dólar está en los niveles promedio de la Convertibilidad lo que hace que las exportaciones estén muy supeditadas a la continuidad de precio alto internacional en nuestros productos, y a la debilidad del dólar frente a otras monedas con las que comerciamos habitualmente, por ejemplo, el real.

NUEVO ACUERDO FISCAL

Alentando el verdadero federalismo

Nuestra Constitución dispone en su artículo 1 la forma representativa republicana federal para el gobierno de la Nación Argentina. La teoría normativa del federalismo fiscal consiste básicamente en distribuir las responsabilidades de gasto y de recaudación por niveles de gobierno. En general hay consenso de que le corresponde al gobierno central el gasto para la defensa nacional, la estabilización macroeconómica, las políticas redistributivas, y algunas obras de infraestructura. En las provincias recae la salud, la educación, la seguridad, y ciertos proyectos de infraestructura. Se asume que, cuanto más cerca esté el servicio de la población receptora, más cercano será el control de los ciudadanos sobre la calidad del mismo. Se supone también que la cercanía de los gobiernos locales permitirá dimensionar mejor las necesidades.

En lo relativo a los ingresos, las posibilidades de descentralizar la recaudación son mucho más limitadas. Salvo en impuesto de bases inmóviles como el ABL, ingresos brutos o automotores, en general se haría casi imposible descentralizar la recaudación, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, o el impuesto a los combustibles. La coexistencia por razones de optimización, de gastos descentralizados con ingresos unificados, origina lo que se denominan desequilibrios verticales: el gobierno central recauda más de lo que gasta, y las provincias gastan más de lo que recaudan directamente. Es precisamente esto lo que se resuelve con la Coparticipación. Hay una distribución primaria que decide cuánto de los impuestos coparticipables van al gobierno central y cuanto a las provincias, y una distribución secundaria que decide cómo se reparte a su vez entre las provincias.

A partir de 2003, en lugar de aprovechar una economía en crecimiento con ingresos impositivos en alza para encarar la implementación del mandato constitucional del ´94, la administración Kirchner comenzó un proceso de cooptación de los recursos provinciales como herramienta de disciplinamiento político de los gobernadores y del Congreso. En estos últimos años, en particular, hemos visto una permanente usurpación de fondos provinciales por parte de gobierno central y creciente discrecionalidad en las transferencias de éste a las provincias. El gobierno central fue desplazando a las provincias de dos maneras. Primero, apropiándose de recursos que debieran ser coparticipables: los ejemplos más elocuentes son la extensión de la emergencia del impuesto al cheque varios años después de la crisis, la reversión del sistema previsional en el 2008 sin revertir simultáneamente la detracción del 15% de la masa coparticipable, y la apropiación de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN). Segundo, reemplazando las transferencias automáticas por transferencias discrecionales, especialmente desde el año 2008, lo cual demuestra el grado de sometimiento que esto implica para las provincias.

Nuestras propuestas para volver a ser un país federal son las siguientes:

• Proponemos una modificación del régimen de coparticipación. El diseño propuesto aumentará los envíos automáticos a las provincias, reduciendo los envíos de recursos discrecionales. En este marco, proponemos distribuir la coparticipación en:
o un 15% para la ANSES (manteniendo el esquema actual para financiar la suba del haber mínimo para los jubilados);
o un 54% para las provincias (aumentando los envíos automáticos a las provincias en $12.000 millones en valores de 2011) ;
o un 30% para la Nación (6 puntos menos que en el actual reparto neto de recursos);
o un 1% para los adelantos del tesoro nacional (ATN), los cuales deben incluir una cláusula de distribución automática de los fondos remanentes a fin de cada año, para evitar que estos fondos que son de las provincias terminen financiando el endeudamiento del gobierno nacional
o Este cambio se puede realizar sin modificar los coeficientes de coparticipación secundaria (distribución entre provincias) que es el gran obstáculo actual para el debate de la ley. En esta primera etapa será el renunciamiento de nuestro gobierno lo que facilite los avances en esta materia. El costo fiscal para nuestro gobierno es nulo ya que no es nuestro deseo abusar de las transferencias discrecionales.

• Hay que liberar a las provincias de la condicionalidades políticas del Fondo Federal Solidario, para desatarle las manos a las provincias y convertir dicho fondo en verdaderamente federal.
• Hay que actualizar el monto destinado en el presupuesto al “Acuerdo Nación-Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” de febrero de 2002, ratificado por Ley 25.570, para las Provincias de La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fé. La inflación no solo carcome el poder adquisitivo de los que menos tienen, también afecta a los acuerdos federales que distribuyen fondos entre las provincias. En base a este acuerdo el Gobierno Nacional destina desde 2002 un monto fijo anual de $390 millones. Ese monto debe ser actualizado, aunque sea de forma parcial, reconociendo la inflación de estos años Esta actualización significaría un desembolso de $1.100 millones a valores de 2011
• Hay que eliminar el denominado “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense”, coparticipando los fondos del mismo entre todas las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación. El impuesto a las ganancias distribuye el 10% de los recursos entre las provincias, distribuyendo $650 millones a la Provincia de Buenos Aires y el remanente al resto de las provincias. Cuando había estabilidad de precios esto implicaba que la Provincia de Buenos Aires recibía aproximadamente el 80% de ese 10%. Hoy la inflación y el aumento nominal de la recaudación llevaron a que a la Provincia de Buenos Aires le corresponda tan solo el 8%, empeorando la situación año a año. Con respecto a esta discriminación generada por la inflación proponemos un recorrido intermedio. Proponemos que ese 10% entre todas las provincias en base a los coeficientes de coparticipación, lo que significaría una compensación a la Provincia de Buenos Aires de $1.150 millones de pesos. Y donde el resto de las provincias se verían más que compensadas por el cambio en la distribución entre Nación y Provincias ($12.000 millones de pesos)

Un Sistema Tributario Progresivo

Una de las deudas pendientes es lograr una mayor progresividad en el sistema tributario. La mayor progresividad se buscará con las siguientes medidas:

• Renta Financiera: Hay que gravar la renta financiera. No hay justificación posible para la exclusión de las rentas de origen financiero.
• Movilidad del Impuesto a las Ganancias en los ingresos salariales: Elevar el mínimo no imponible para dejar fuera del impuesto a las ganancias a los salarios de clase media. El mínimo no imponible será actualizado anualmente para que la inflación no legisle un aumento de carga tributaria sobre los ingresos de los trabajadores.
• Eliminación de todas las retenciones con excepción de la soja y el petróleo. La retención a la soja permanecerá en 25% transitoriamente.
• La transitoriedad de la retención a la soja se mantendrá hasta la introducción del Impuesto a las Ganancias Extraordinarias de las Grandes Corporaciones, este impuesto será complementario al impuesto a las ganancias de las grandes empresas en los años en que las ganancias superen un umbral objetivo. Dicho impuesto será incorporado para todos los sectores de la economía. Este impuesto permitirá exceptuar de su cumplimiento en los casos en que el productor tuvo años recientes con quebrantos.
• Proponemos la progresiva desaparición del Impuesto al Cheque, empezando por la inmediata eliminación de dicho tributo en cabeza de las micro y pequeñas empresas.
• Impulsaremos un Impuesto a la transferencia gratuita de bienes
• En términos del impuesto a los bienes personales, de debe permitir las contabilizaciones de las deudas que generaron esos activos, para llevar al impuesto a gravar el patrimonio neto, en vez de gravar los activos (como lo hace hoy) Es importante la coordinación con las provincias para mejorar la fiscalización, por medio de mecanismos de control y cruces de información.
• En materia el Impuesto al Valor Agregado (IVA), proponemos la devolución del IVA para el gasto en alimentos a las familias más necesitadas que tengan planes sociales o asistenciales implementado a través de una tarjeta social.

En materia Presupuestaria, hay que jerarquizar el rol del Congreso Nacional en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Nacional. Para ello es clave la existencia de una Oficina de Presupuesto del Congreso, que cumpla el rol técnico de análisis y seguimiento del presupuesto en todas sus etapas y de apoyo a los legisladores en sus proyectos de Ley.

Asimismo, hay que cambiar la Ley Administrativo Financiera eliminando los superpoderes, como también modificar la reglamentación de la Ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia, para limitar el abuso que se hace de los mismos en materia de administración del Presupuesto Nacional.

INVERSIÓN PÚBLICA

Se debe converger hacia un modelo en el que todos los sectores sean robustos, eficientes y brinden empleo de calidad a más argentinos. Para esto, hay algunas precondiciones sobre las que hay que trabajar, y mucho.

Hay que asegurarse que la energía no será un cuello de botella para un país que pretende crecer al 5% anual durante las próximas décadas. Para esto vamos a avanzar en el diseño y la inmediata puesta en marcha de los pasos necesarios para cambiar, a través de su diversificación, la matriz energética de la república. Diseñar hoy una nueva matriz energética entraña repensar el papel que en ella juegan los hidrocarburos. Tenemos en este momento una dependencia del petróleo de más del 80% y hemos vendido nuestros recursos sin tener en cuenta que eran limitados. Creemos que como horizonte la matriz energética debe ser lo más diversificada posible, incluyendo la mayor cantidad de fuentes generadoras posible (eólica, nuclear, mareomotriz, solar, hidroeléctrica, etc.). La mayor fuente de energía que tendremos, será la que obtengamos de su uso racional. Para disponer de energía de base, a falta de hidrocarburos y por efecto de la mencionada insuficiencia de las otras fuentes energéticas naturales, será indispensable recurrir tanto a nuevos proyectos hidroeléctricos como a la energía nuclear, cuyos últimos desarrollos mejoran sensiblemente la seguridad de las instalaciones. Con el auxilio de ambas fuentes, se podrá al menos alcanzar la generación mínima necesaria, y ello, con desarrollos íntegramente argentinos.

Cuando hablamos de política energética, no hablamos sólo de generar más, sino también usar mejor. Esto no significa castigar a quien use de esta energía obligándolo a consumir menos, bajando su nivel de vida, sino de concientizar e incentivar a la sociedad por medio de políticas eficientes, al uso racional de la energía, que redundará en el mismo confort y la misma productividad en empresas e industrias, pero a menor costo energético. Para ello hay que replantear el esquema de subsidios (al transporte, tarifas, importación de energía, etc) y revisión integral de las tarifas, garantizando la tarifa social bajo criterios socioeconómicos, geográficos, y de complementariedad de servicios. Debemos, eventualmente, subsidiar a la demanda y no a la oferta.

PROPUESTA PARA PYMES Y LOS EMPRENDEDORES

En casi todas las economías del mundo las pequeñas y medianas empresas describen una porción significativa de la actividad económica, llegando a representar en los países desarrollados cerca del 99% del total de empresas, siendo además en muchos casos las que sostienen el crecimiento de la economía, y las principales generadoras de nuevos puestos de trabajo. En el caso de la Argentina las PyMEs industriales representan alrededor del 42% de las ventas y ocupan el 70% de los puestos laborales existentes, con un importante impacto en las actividades económicas regionales.

Las PyME se diferencian de las grandes empresas no sólo por el tamaño, sino porque tienen características distintivas que las lleva a enfrentar mayores costos con relación a las empresas de mayor dimensión. Dentro de esta categoría encontramos un universo muy disperso y complejo conformado desde empresas unipersonales hasta unidades familiares, pasando por empresas que han desarrollado tecnologías de punta y abastecen al mercado internacional, con otras cuya actividad se centra sólo en el ámbito local. Estas empresas están insertas en un contexto que las lleva a tener que convivir, competir o complementarse con grandes empresas que enfrentan otras realidades muy distintas a las de ellas.

Este universo complejo que enfrentan la mayoría de las PyME, requiere la adopción de un conjunto de medidas que llevadas a cabo desde el Estado, conformen un marco integral que permita a estas empresas superar las limitaciones que frecuentemente enfrentan, para que puedan lograr el desarrollo de sus actividades de manera sustentable.

Si bien el aspecto más difundido de las PyMEs es su capacidad de crear empleo, también generan una serie de condiciones favorables para la competitividad sistémica y para la existencia de tramas productivas, como son una distribución más equitativa del poder económico, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos y el mayor equilibrio regional. Un sistema productivo robusto es aquel que articula verticalmente las complementariedades productivas y comerciales de las PyMEs con la de las grandes empresas.

Tradicionalmente las principales debilidades que enfrentan las PyMEs se las vincula con la ausencia o insuficiencia de distintos tipos de incentivos que son necesarios para promover el desarrollo de su actividad y la concreción de nuevos emprendimientos, las dificultades en las condiciones de acceso al crédito, el bajo nivel de acceso a servicios externos de consultoría y capacitación, ausencia de una conducta exportadora y escaso nivel de desarrollo tecnológico, entre otros aspectos.

Hay que trabajar para que estas debilidades tiendan a desaparecer en el tiempo, para que lo cual no sólo se necesita que existan programas de apoyo, tal como los que hay actualmente en la Argentina, sino que debe prevalecer una política integral, con prevalencia de complementariedad entre las distintas áreas de gobierno nacional –Ministerio de Industria, Agricultura, Economía, Trabajo, Cancillería, etc.- y con los respectivos ámbitos provinciales y municipales, atendiendo la dispersión geográfica de las empresas. La experiencia internacional nos muestra, como en el caso de los países de la OCDE, que existe un acuerdo básico respecto que el desarrollo de las PyMEs constituye un objetivo estratégico que requiere el diseño y la implementación de políticas específicas.

Además de las PyMEs los nuevos emprendimientos representan el germen de la actividad empresarial, tienen un rol importante como contribución al crecimiento económico, además de incentivar el desarrollo de las actividades innovadoras, el incremento de la competencia, el empleo y la generación de tejidos productivos regionales. La cultura emprendedora desarrolla y promueve buenas prácticas, comprometiéndose con el desarrollo de su entorno y pretende la concreción de proyectos ambiciosos de alto impacto económico, social y tecnológico.

Estos beneficios económicos y sociales asociados al nacimiento de nuevas empresas han llevado a que en muchos países, en particular desarrollados, se apliquen políticas de fomento en función de una concepción estratégica integral, que tiene en cuenta el complejo conjunto de factores que inciden en la actividad Emprendedora, en donde priman no sólo cuestiones propias de los individuos, sino también las condiciones económicas o sociológicas imperantes (buen nivel educativo, actitud creativa y desafiante, entre otros).

Según un estudio realizado por el GEM -Global Entrepreneurial Monitor-, la Argentina es uno de los países más emprendedores del mundo -dentro de los 20 países más emprendedores- y presenta claras fortalezas para el desarrollo de la actividad Emprendedora. Asimismo, conforme a estudios realizados por algunas organizaciones del tercer sector que trabajan estos temas, en el año 2010 98 emprendedores argentinos con su trabajo crearon más de 45.000 puestos de trabajo formales directos e indirectos. En las últimas décadas han sido muchos los ejemplos exitosos y en lo más variados rubros.

Sin embargo, es importante distinguir entre el emprendedor por necesidad que aquel por oportunidad. Las crisis económicas y los cambios de marcos regulatorios hacen que los emprendedores tengan que reinventarse una y otro vez. Ser emprendedor por necesidad no es malo en sí mismo, pero es el reflejo de la falta de alternativas, del desempleo y de la inestabilidad económica. El emprendedor por necesidad obra con urgencia lo cual muchas puede ser causal de fracaso. El emprendedor por oportunidad desarrolla sus ideas con más tiempo y mayor calidad lo cual hace más viables sus proyectos. Estos emprendimientos reflejan una economía más estable y de mayor bienestar.

En este sentido, existen marcadas debilidades estructurales para promover la actividad Emprendedora, entre ellas, la volatilidad de la economía, la deficiente distribución del ingreso y la debilidad institucional y política que condicionan el contexto, sumado al reducido tamaño del mercado de valores respecto a otros de la región, lo que condiciona significativamente el surgimiento de nuevas empresas. Por estas razones es fundamental generar las condiciones macro necesarias para que pueden proliferar mas los emprendedores por oportunidad y no por necesidad.

Por supuesto, hay algunos programas nacionales aislados y algunas experiencias locales interesantes, pero no hay una política de estado sistemática en este sentido.

Los lineamientos de las políticas de apoyo deben necesariamente estar estructurados en función de las particularidades que tiene por un lado el segmento PyME, y por otro el de los Emprendedores. En el caso de las PyMEs se definen en general por características relacionadas con su tamaño, como el número de empleados y el volumen de ventas, a la vez que en muchas de ellas el tamaño no varía a lo largo del tiempo, e inclusive pueden estar conformes con seguir perteneciendo a este segmento empresarial. Dado que las PyMEs representan un actor fundamental en el desarrollo del sistema socioeconómico competitivo, las políticas públicas tienen que tender a disminuir las asimetrías que tradicionalmente enfrentan en el mercado, sin perder de vista la diversidad y heterogeneidad que existe dentro del sector.

La diferencia con los Emprendedores, es que éstos representan un proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas. Emprender no es ni más ni menos que un proceso de creación de valor llevado a cabo por el equipo emprendedor, en el que los grandes riesgos iniciales son mitigados hasta constituir una empresa en crecimiento, por eso es importante dar impulso a una cultura que valore positivamente al emprendedor como sujeto de cambio y promueva el surgimiento de nuevos emprendimientos con miras a ser empresarios de alto impacto.

En función de todo lo expuesto se considera que la implementación de cualquier propuesta para el desarrollo de las PyME y de los Emprendedores requiere en primer lugar contar con un marco macroeconómico estable, con reglas de juego claras que no generen incertidumbre, ya que la estrategia de desarrollo empresarial debe ser parte central de la política económica y consistente con la estrategia macroeconómica del país. En un país con altas tasas de inflación y en donde cada una de las medidas de política económica que se aplica genera grandes niveles de incertidumbre, difícilmente genere un clima propicio de negocios para el surgimiento de nuevas empresas y la expansión de la actividad del segmento de las pequeñas y medianas empresas.

El marco económico estable debe estar acompañado por una serie de modificaciones en el sistema tributario nacional, que permita reducir las asimetrías que afectan a las PyMEs con relación a las empresas de gran tamaño que operan tanto en el ámbito nacional como internacional, y garantice la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus actividades. Este principio también debe hacerse extensivo para la actividad Emprendedora.

La reforma tributaria debe contemplar, entre otros aspectos, la eliminación del Impuesto al Cheque, un régimen diferencial del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, desgravación del Impuesto a las Ganancias para los beneficios reinvertidos. Ello debe ser acompañado con modificaciones en diferentes normativas que tiendan a mejorar las condiciones de provisión de bienes por parte de las PyMEs, tales como la ley de compre nacional, para lo cual se debe profundizar una discriminación positiva hacia este segmento empresarial, mejorando al mismo tiempo los sistemas de control del cumplimiento de este régimen.

La formulación y evaluación de las políticas específicas de apoyo efectivo a las PyMEs deben incluir metas y límites temporales a alcanzar en cada uno de los programas, y definir criterios de análisis costo-beneficio, no sólo en términos estrictamente fiscales o económicos, sino también de carácter social. Un ejemplo interesante a tener en cuenta es el caso de la Small Business Administration (SBA) de los Estados Unidos, que presenta anualmente un informe al Presidente de la Nación, con un análisis del retorno de los recursos invertidos en las políticas PyME en términos de actividad económica, empleo, exportaciones, y de recaudación de impuestos. En nuestro país no sólo son escasos los recursos aplicados a las políticas de apoyo a las PyMEs, sino que están descoordinadas con otras áreas de gobierno y no existe ningún mecanismo que permita evaluar el resultado de las mismas.

En este contexto nuestra propuesta parte de un enfoque sistémico que deben tener las estrategias orientadas al apoyo de las PyMEs y de los Emprendedores, de manera que no se trate de medidas aisladas y descoordinadas, como las que se aplican actualmente, sino que tiendan a generar un desarrollo sostenible en el largo plazo. Al mismo tiempo hay que avanzar en una verdadera simplificación de la operatoria, que se traduzca en una efectiva disminución de la carga burocrática que afectan de manera más específicamente a las PyMEs y a los Emprendedores, lo que actúa como un fuerte desincentivo para el desenvolvimiento de sus actividades.

En función de ello se propone crear una AGENCIA que se aboque de manera específica al desarrollo de este segmento empresarial, el que debe coordinar con las otras áreas de gobierno la aplicación de los distintos instrumentos que tiendan a facilitar la actividad Emprendedora y de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo deberá avanzar en la conformación de un tejido institucional que tenga su ramificación en todo el territorio nacional, y que además interactúe con otros organismos estatales, como son el caso del INTA; INTI; INPI, con las universidades, entidades financieras estatales, entre otras. Seguramente esto llevará a la aplicación de nuevos criterios de gestión, especialización y coordinación intergubernamental que deberán sustentarse en la reforma de las instituciones del sector público, como por ejemplo el caso de la AFIP, la Inspección General de Justicia, entre otros, para lograr la simplificación de las tramitaciones y de la carga burocrática.

Esta AGENCIA tendrá dos áreas bien definidas de competencia, una dedicada a las PyMEs y otra a los Emprendedores, en atención a la diversidad y heterogeneidad que caracteriza a uno y otro segmento. Las diferencias sectoriales, regionales, de idiosincrasia, evolutivas, son las que deberán terminar definiendo el tipo de apoyo a aplicar, ya que la experiencia indica que cuando se trata a simplificar los instrumentos, éstos tienden a ser muy desaprovechados.

Esta AGENCIA dependerá del Ministerio de Industria y contará con un Consejo Asesor, ad-honorem, constituido por miembros destacados de cada sector –PyME y Emprendedores-; Organizaciones de la sociedad civil que trabajen esta temática; Académicos; Universidades; y representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Economía; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También se considera que en aras de lograr una gestión donde prime la transparencia sobre la utilización de los recursos públicos, se deberá publicar -vía internet- la información detallada de cada uno de los beneficiarios de los programas promocionales instrumentados.

Como hemos explicado anteriormente el universo PyME es diferente del universo Emprendedor y cada uno reúne sus propias características. En este sentido, debemos tener claro el sector al cual nos dirigimos al momento de diseñar las políticas públicas, a los fines que las medidas a implementar sean efectivas y eficientes, generando los incentivos correctos. Sin embargo, existen cinco ejes que atraviesan los dos universos y los comprenden transversalmente. Si bien estos ejes están delineados y diferenciados se interrelacionan entre sí, y no pueden ni pensarse, ni implementarse aisladamente. Estos ejes son el cimiento para una política de Estado que pretenda generar riqueza sustentable y desarrollo humano poniendo el acento en las PyMEs y los Emprendedores.

En concomitancia con la implementación de estos ejes es primordial instalar el tema del desarrollo Emprendedor en las diferentes agendas de los distintos ámbitos relacionados con el tema. La difusión de casos exitosos de PyMEs y Emprendedores, la realización de conferencias y seminarios, así como, los concursos de planes de negocios con premios significativos posibilitarían instalar la idea de un país con un importante desarrollo económico y social basado en el emprendedurismo.

Los ejes temáticos que atravesará de manera transversal a las políticas de apoyo a las PyMEs y a los Emprendedores serán los siguientes:

1. Educación y Capacitación
2. Asesoramiento
3. Redes
4. Financiamiento
5. Calidad

1. Eje de Educación y Capacitación

El Estado como articulador del desarrollo debe capacitar y facilitar la capacitación de las PyMEs y los Emprendedores. La capacitación beneficia tanto a las empresas como a su personal dado que incrementa la productividad de quien es capacitado y simplifica la solución de problemas.

Teniendo en cuenta la existencia del Plan Nacional de Capacitación dependiente de la SEPYME, consideramos que es importante ampliar y profundizar este plan. La ampliación tiene dos aspectos: ampliación en el número de beneficiarios y ampliación en las formas de proveer la capacitación. En la actualidad la forma de brindar la capacitación se hace a través de las UCPAs (Unidades capacitadoras: instituciones sin fines de lucro, inscriptas, con experiencia en capacitación). Y, otro de los programas se llama, Expertos en PyMEs, que busca transferir el conocimiento especializado en las diferentes aéreas empresariales.

Entendemos primordial incorporar a las universidades nacionales, públicas y privadas, centros académicos y tecnológicos dedicados a estos temas, así como, la inclusión de organismos nacionales con diferentes especialidades como el INTA, INTI y el INV que cuentan con un entramado nacional. Generando así una red de capacitación que tenga injerencia en todo el país.

Esta red será la red-PyME-Emprendedor que tendrá dentro de sus objetivos la capacitación descentralizada y por rubros –teniendo presente las características regionales y provinciales de los emprendimientos. Asimismo, otro de sus objetivos centrales será la promoción y difusión de estos programas de capacitación la cual debe hacerse de una forma más eficiente y efectiva. Para ello se considerarán bocas de difusión todas las organizaciones gubernamentales y del tercer sector que se incluirán como parte de esta red- PyME-Emprendedor. En la actualidad existe una red llamada Plataforma institucional que intenta generar una red descentralizada que brinde diferentes servicios para sus miembros. Nuestra propuesta es trabajar sobre las bases de esta Plataforma pero ampliar sus servicios generando incentivos concretos para lograr más integrantes de la red, generando así un efecto multiplicador y ejemplificador (volveremos a este punto en el eje red).

Además, nuestra AGENCIA contará con un departamento interno y central de capacitación y difusión de las actividades, el cual trabajará en sinergia con los medios públicos de comunicación –TV y radios- así como, la publicación bimestral en un diario nacional de mayor circulación sobre los programas existentes. Este departamento, también existirá a los fines de la recepción de las inquietudes por parte de los beneficiarios actuales y potenciales.

Este departamento contará, además, con la posibilidad de generar entrenamiento a distancia para determinados temas, a través de Internet, sin comprometer por ello la calidad de la capacitación.

A continuación, el eje de educación y capacitación lo dividiremos en detalle en tres sub-ejes de diferente importancia e incidencia, algunos ya mencionados anteriormente. Estos sub-ejes tienen distintos niveles y plazos para el impacto:

a) Educación formal (con impacto a largo plazo)

Educar a la sociedad en el tema PyMEs/Emprendedores implica informar y formar una cultura de desarrollo PyME/Emprendedor desde los diferentes niveles educativos: escuela primaria, nivel secundario, niveles de grado y pos-grado. La idea es educar sobre un concepto de desarrollo económico comprometido con su comunidad y su desarrollo social, así como, con el cumplimiento de la ley en el inicio, madurez y crecimiento de los diferentes tipos negocios. Crear una cultura amigable y proclive a la creación de riqueza sustentable, bajo las normas del Estado de derecho, y así construir una actitud Emprendedora frente a la adversidad y frente a la oportunidad. Acercar de este modo el “sistema educativo” a la realidad de un posible proyecto de país.

Esto se puede lograr incorporando una materia obligatoria en los distintos niveles educativos, o generando proyectos especiales obligatorios vinculados a esta temática.

b) Promover instituciones o centros que apoyen la cultura PyME/Emprendedora (con impacto a mediano y largo plazo)

Estas instituciones pueden formar parte o no de la red-PyME-Emprendedores. Desde el Estado se generarán incentivos para que aquellas organizaciones que demuestren que fomentan y promueven la cultura Emprendedora sean también expendedoras de cursos de capacitación, armando un entramado virtuoso a lo largo y ancho del país.

c) Red con Universidades y Centros académicos (con impacto a mediano y largo plazo)

Esta red debe poner el foco en temas vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación a los fines de conectar la innovación con la producción. Se establecerán distintos tipos de incentivos para que las universidades se vinculen con emprendimientos concretos. Una de los proyectos es establecer una red de universidades nacionales –públicas, privadas- que trabajen en sinergia para vincular la tecnología y la innovación con los desarrollos de negocios, agregándole valor a los distintos proyectos. En este sentido, generar un intercambio positivo que beneficio a ambos -Emprendedores y universidades.

d) Centro de capacitación dentro de nuestra AGENCIA. Con impacto a mediano y largo plazo

Conforme a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta las siguientes temáticas:

• PyMEs y Emprendedores: Las actividades de capacitación estarán orientadas a generar capacidades gerenciales para dar los primeros pasos en un negocio: 1) armar planes de negocio, 2) buscar financiamiento y prepararse para ello, 3) gestionar el crecimiento, y por ultimo 4) informar y desarrollar las aptitudes y habilidades necesarias para exportar (en los casos que corresponda).
• Posibles Inversores: Capacitación también destinada a formar a otras partes interesadas como inversores ángeles (por ejemplo el armado de clubes), educadores u otros actores que prestaran servicios a los Emprendedores
• Parques tecnológicos: Los parques tecnológicos son otro ejemplo de esta clase especifica de servicio de apoyo y están generalmente orientados a los ya propietarios de empresas (más que a Emprendedores nacientes).

2. Eje de Asesoramiento:

Este eje comprende servicios de apoyo legal, impositivo, contable, asesoramiento sobre normas regulatorias especiales del mercado en cuestión.

a) Servicios de asesoramiento vinculados a la internacionalización de los negocios

Información sobre los mercados internacionales y los diferentes nichos existentes en el exterior. Asimismo, información y asesoramiento para participar en las distintas ferias internacionales y sus diferentes rubros. En este sentido, conectar a los negocios locales interesados en exportar haciendo un asesoramiento grupal en algunos casos.

b) Servicios de asesoramiento para la generación de nuevos proyectos

Brindar apoyo a los Emprendedores aportando el espacio para la incubación o generación de nuevos proyectos. Este tipo de servicio, puede comprender distintos niveles de asistencia. Un espacio abierto donde los Emprendedores pueden desarrollar sus ideas. Por ejemplo: las incubadoras de empresas ofrecen, entre otros servicios, espacio físico y además brindan apoyo para la implementación de innovaciones y asesoramiento para encontrar financiamiento.

3. Eje Redes

Es importante resaltar que generar una red de conexión para intercambio de información, experiencias, innovación, capacitación, y demás, es coherente con la idea de un país federal y en este sentido favorece el federalismo económico. Desde el Estado y particularmente desde esta AGENCIA el gobierno trabajará como articulador de estas redes.

En este sentido el eje “redes” es fundamental y atraviesa transversalmente todos los demás ejes. El desarrollo de una interrelación entre los Emprendedores/PyMEs junto con una tutoría y formación efectivas es una de las “mejores prácticas” primordiales en los programas de apoyo a la actividad Emprendedora/PyME. El trabajo en red no solo beneficia a los Emprendedores/PyME sino también a todas las otras partes interesadas en este ecosistema: Emprendedores, inversores, financiadores y empleados.

• Red en pos de un proyecto: Las redes conectan a los Emprendedores/PyMEs entre sí, ya sea en estadios similares de desarrollo como con otros que están en estadios más avanzados que pueden hacer las veces de mentores respecto de aquellos que comienzan.
• Red en pos de la innovación: También son importantes las redes que conectan a Emprendedores con mentores académicos, así como, con centros de investigación e innovación y universidades.
• Red en pos del acceso al capital: Las redes de inversores son complementarias a las que involucran directamente a Emprendedores, pero son esenciales. La red de inversores permite crear una cultura de inversión en este tipo de negocios, considerándolos redituables y a la vez comprometido con el desarrollo. En este caso es muy importante vincular inversores ángeles y capitales de riesgo.
• Y finalmente la Red-PyME-Emprendedor que incluiría y abarcaría a las demás y a todos los actores, particularmente al tercer sector que trabaje en esta temática.

Existen tantas clases posibles de redes como de partes interesadas en este desarrollo, pero la idea es empezar al menos con las mencionadas.

4. Eje Financiamiento

Uno de los obstáculos que más frecuentemente se mencionan para el crecimiento de las PyME y para el nacimiento de nuevas empresas es el del acceso al crédito en condiciones competitivas.

En general las PyMEs sufren de una discriminación por su escala (falla de mercado) que les significa pagar una tasa mayor a la pagada por las grandes empresas. Esta discriminación se suma a los problemas asociados a una economía de alta inflación como la Argentina, que lleva a tasas nominales aún más altas.

En el caso de los emprendedores el financiamiento involucra la realización de inversiones en las etapas iníciales (en general asociado a los inversores ángeles), y en etapas posteriores de alto crecimiento (en general a través de fondos de capital emprendedor y/o deuda si la empresa tiene la capacidad de tomarla, siendo este último caso menos frecuente en los primeros años de vida de la empresa).

En los últimos años se han desarrollado en el país distintas acciones tendientes a superar o morigerar las restricciones que enfrentan las PyME para acceder al financiamiento a través de la conformación de sistemas de garantías, subsidios de tasas de interés, fondos públicos de inversión, líneas específicas por parte bancos públicos, microcréditos, etc., sin embargo el problema principal de estos instrumentos radica en la falta de coordinación entre sí, la falta de coordinación con los instrumentos y programas de apoyo no financiero, y la ausencia de evaluaciones sobre su aplicación y el impacto real que presentan.

Las tasas altas pueden disminuir con una política monetaria consistente que reduzca la inflación, pero la imperfección de mercado debe ser compensada por un régimen de bonificación de tasas de interés, que compense la dicha discriminación por medio un esquema de licitación de cupos de préstamos, donde todos los bancos puedan participar y que tienda a favorecer en mayor medida a las empresas localizadas en regiones menos desarrolladas del país. Es importante que dicho régimen cuente de los recursos suficientes para permitir la regularidad y sostenibilidad del mecanismo. Aunque hoy ya existe un esquema de bonificación de tasas, su impacto no es importante tanto en términos de cantidad de beneficiarios, como sobre el desarrollo regional.

Otro de los puntos importantes es recuperar el rol de financiamiento que solía tener el Banco de la Nación Argentina, y que lo perdió en los últimos años al direccionar sus recursos principalmente para asistencia al gobierno nacional.

También hay que tener en cuenta que dada la diversidad de situaciones que encontramos tanto en el universo PyME como en el de Emprendedores, las necesidades financieras son muy diversas entre sí, lo cual se torna necesario contar con un conjunto de instrumentos que tiendan a tratar cada una de las problemáticas financieras que se presentan. Hay que avanzar en una mejor coordinación entre los sectores públicos y privados, donde los primeros tienen que promover la creación de fondos de capital con recursos públicos o apalanca fondos privados existentes participando en el capital con recursos públicos.

En función de ello se considera que la oferta de financiamiento convencional debe ser complementada con otras que tengan en cuenta la diversidad de segmentos de empresas que existen con necesidades financieras y técnicas distintas, como puede ser el caso de la conformación de fondos de capital de riesgo dirigidos a estimular el desarrollo empresarial competitivo, en donde el Estado se convierta en socio institucional de dicho desarrollo, la expansión del microcrédito, con menores requisitos que los establecidos para los grandes proyectos de inversión, y el impulso a las garantías de crédito, entre otros, de tal forma que participen en la oferta de créditos, no sólo la banca pública y privada, sino también otros agentes, como pueden ser cámaras empresariales, ONG, etc., todo lo cual requiere la regulación por parte del Banco Central.

Habría que avanzar en la constitución de fondos públicos por parte del Estado Nacional para la conformación de capital de riesgo, invitando a las provincias a adherir al mismo, y posteriormente participar en la gestión y distribución de los fondos que se aplicarían al financiamiento de proyectos desarrollados por PyMEs o Emprendedores en las diferentes provincias del país.

Lo anterior podría complementarse con la convocatoria a empresas internacionales de capital de riesgo para que liciten fondos propios para ganar el derecho a recibir una proporción de los recursos públicos, siempre y cuando exista el compromiso de aplicarlos al financiamiento de proyectos llevados a cabo por PyMEs o Emprendedores. En cada uno de los casos el Estado debe establecer las condiciones que deben darse para obtener tales créditos (ej, porcentaje de emprendedores jóvenes, empresas con expansión en el mercado externo, etc.), como así también los criterios asociados al control del sistema

5. Eje Calidad Nacional

Desde la AGENCIA se impulsarán concursos de negocios para las diferentes etapas del negocio PyME o del emprendimiento (start up, madurez y crecimiento).

El premio en cualquier etapa consistirá en que el proyecto PyME/emprendimiento en cuestión recibirá el sello calidad nacional.

La idea de calidad nacional es que aquellos negocios que cuenten con este sello cumplan con estándares de calidad, de trabajo, higiene, cuidado del medioambiente y cumplimiento de la ley. Además, en este sentido los premios del concurso estarán diseñados para contribuir al momento específico de crecimiento del negocio.

POLÍTICA AGROPECUARIA

En la visión de la Coalición Cívica, están definitivamente superadas las falsas opciones campo-ciudad, o campo-industria, y se propone un desarrollo armónico sin falsas antinomias.

Entendemos que la próxima década mostrará estancamiento económico en Estados Unidos y en gran parte de Europa, y que la evolución económica mundial liderada por el desarrollo en China, India, y otros países emergentes de Asia y América Latina reflejará una gran oportunidad que hay que aprovechar.

Esa oportunidad estará dada por un elevado precio de los productos en los que somos competitivos , en este nuevo marco internacional, vamos a fomentar la producción de productos con valor agregado de origen agropecuario y el crecimiento de las industrias agroalimentarias, posibilitando la creación de nuevas fuentes de trabajo, y exportando más valor agregado, de manera de colocarnos como proveedor confiable en volumen y calidad de productos agroindustriales en el mundo y garantizando, al mismo tiempo, el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población.

La Coalición Cívica entiende que se vuelve imprescindible diseñar una política agroindustrial sustentable que sea capaz de generar confianza en los productores, que promueva las inversiones, el desarrollo industrial de la producción agropecuaria y la innovación tecnológica.

Adoptaremos políticas efectivas, claras y sostenidas para la Agricultura Familiar entendida como un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas y promoveremos el desarrollo agropecuario ambientalmente sustentable mediante una política pública y legislación que atienda, fomente y aliente el uso responsable de los recursos naturales en el cuidado de los suelos, el monte y bosque nativo y la utilización de agroquímicos.

Resulta indispensable que la política agropecuaria garantice el derecho del país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que aseguren el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales.

Entendemos que el desarrollo de la “nueva ruralidad” no será completo si no se generan además políticas efectivas, claras y sostenidas para la Agricultura Familiar entendida como un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. Este sector representa casi el 66% del total de las explotaciones agropecuarias existentes en el país, y trabaja poco más de 1/8 de la superficie que explotan los productores de mayor dimensión, aportando un 20% al P.B. agropecuario nacional. Por sus propias características y vulnerabilidad y por ser un actor clave del desarrollo local y de la promoción efectiva del interior del país, la Agricultura Familiar requiere de políticas específicas y focalizadas que promuevan las capacidades productivas y comerciales de sus actores a través de políticas orientadas al propio desarrollo.

En síntesis, creemos que la Argentina puede y debe ser un país agroindustrial capaz de aprovechar las demandas mundiales de alimentos de las próximas décadas y que este perfil de desarrollo pueda, asimismo, garantizar nuestra soberanía alimentaria promoviendo el desarrollo integral del país y la radicación rural y regional.

Impacto de la Reforma Tributaria en el Sector

En el marco de la reforma tributaria enunciada en los capítulos precedentes, se busca que la misma tenga un particular impacto en la producción y la inversión del sector agropecuario. Partiendo de la base de equidad en que la carga tributaria debe caer con un peso mayor sobre los individuos o empresas con mayor capacidad contributiva, creemos que el impuesto sobre las ganancias es el impuesto que mejor refleja dicha capacidad.

La Coalición Cívica considera que las retenciones han retraído la producción de la agricultura familiar y a las unidades de producción de menor escala, como también ha afectado a los productores más alejados de los centros de recibo o que se encuentren en zonas marginales por suelo o por clima. Pese al discurso oficial de que es una medida que redistribuye el ingreso, en efecto lo distribuye pero de forma regresiva, afectando más a las unidades económicas más pequeñas y más alejadas.

En este sentido mantenemos nuestra propuesta electoral de 2009 de llevar las retenciones de todos los productos, subproductos agropecuarios pampeanos y regionales a cero, manteniendo transitoriamente las de Soja en 25%. Esta alícuota en Soja se mantendrá hasta que se haga efectiva la inclusión de todas las actividades (juego, renta financiera, minería) y figuras jurídicas (fideicomisos) en la responsabilidad del pago del Impuesto a las Ganancias y se implemente una profunda reforma del mismo mejorando su progresividad y contemplando una alícuota adicional para las ganancias extraordinarias de las grandes corporaciones (excluyendo a las PyMEs).

Creemos que esta reforma en los incentivos permitirá el precio lleno para todos los productores, que permitirá un shock productivo con una fuerte expansión de la frontera agropecuaria. Con una fuerte demanda de inversión en capital físico y humano en el interior profundo de nuestro país. Concentrando el peso impositivo no en el precio del producto, sino en la ganancia y por ende, en la capacidad contributiva de la unidad productora.

Política comercial: Apertura y Normalización de las Exportaciones

En materia de comercialización agropecuaria el Estado es el responsable de garantizar reglas claras, control y transparencia en la transacción. Debemos lograr la eficiencia de la gestión pública en el fomento de las actividades productivas.

Garantizaremos que se cumplan las transacciones leales de las cadenas agroalimentarias (incluyendo granos, carnes, lácteos y economías regionales) para que los Gobiernos de turno no puedan interferir cambiando radicalmente y de manera discrecional las políticas vigentes. Aseguraremos la institucionalidad agrícola para contribuir en la transparencia e igualdad de negociación de todos los actores de la cadena comercial agropecuaria y agroalimentaria.

La Argentina tiene una gran oportunidad en el mercado mundial de alimentos que no puede ni debe ser desaprovechada. Por ello, desde la Coalición Cívica promovemos la inmediata derogación de los ROE y pre ROE de acuerdo al proyecto presentado oportunamente por las diputadas nacionales Carrió, Re y García (Expediente 3787-D-2010) “limitando toda interferencia abusiva, arbitraria o discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional en la exportación de productos agropecuarios”. Promoveremos además una severa investigación sobre la discrecionalidad en el otorgamiento de los mismos y los manejos poco transparentes de precios y cupos que pudieran haber surgido de acuerdos en este sentido entre sectores de la exportación y funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior, ONCCA y AFIP.

Asimismo, se contemplarán planes y programas para que las cooperativas y asociaciones de productores puedan producir y comercializar en el mercado interno y externo. Entendemos primordial establecer redes de trabajo y coordinación comercial entre estos actores para el abastecimiento interno de alimentos, servicios públicos, infraestructura, insumos, acceso a recursos tecnológicos y financieros, para garantizar el desarrollo local-regional.

Las equivocadas políticas comerciales implementadas en los últimos años exigen una profunda reestructuración de los mecanismos y organismos de fiscalización comercial, a través de un trabajo conjunto entre AFIP y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca asegurando a través de nuevos mecanismos que se cumplan los objetivos propuestos en la creación de ONCCA.

La AFIP se focalizará en la fiscalización impositiva con atribuciones similares a las que utiliza en todos los ámbitos de la economía y será desde el MAGyP y los organismos de su órbita que se implementarán los controles sanitarios y de calidad correspondientes así como de los registros correspondientes que tendrán fines estadísticos.

Se promoverá la creación en el ámbito del MAGyP de organismos, con participación oficial y social de los actores involucrados en toda la cadena por producto, que monitoreen la transparencia de los mercados e implementarán las medidas necesarias en los casos de aparición de oligopolios, monopolios, oligopsonios y monopsonios que alteren el normal funcionamiento de los mismos. Estos organismos serán además responsables de la determinación de los estándares comerciales de los productos, buscando a través de estos mecanismos y de la promoción comercial la mejor inserción de los mismos en los mercados internacionales.

Ganadería

Pretendemos un cambio radical en la política ganadera, que asegure el incremento de la producción de carnes para abastecer el mercado interno y externo, la seguridad alimentaria de la población y la oferta de proteínas de calidad, la sustentabilidad de las explotaciones ganaderas, especialmente las de cría, y el aumento de producción de carnes alternativas.

Habiendo sido los productores de carnes vacunas uno de los actores sociales más perjudicados por las políticas implementadas en los últimos años, y por las características propias de la actividad, deben implementarse políticas públicas que apunten a su rápida recuperación. Además de las medidas vinculadas a retenciones y apertura de las exportaciones ya mencionadas deben promoverse la recuperación de stocks y productividad de los rodeos ganaderos, las inversiones en producción forrajera, genética, sanidad e infraestructura de trabajo y asistencia técnica con planes realizados por profesionales y seguimiento del Estado evaluando su implementación y resultados. Se buscarán mecanismos de promoción, desgravación y financiación para readecuar las plantas frigoríficas, en especial las del interior, a las exigencias internacionales permitiéndoles alcanzar niveles mínimos exigidos para la exportación. Se ajustarán los controles para exigir el cumplimiento de la ley de carnes (7 a 10°C a salida de planta) y se intensificará el control impositivo con todos los mecanismos disponibles y la implementación generalizada de los guardaganados fiscales (Artículo 12º de la Ley 25.345). Esto permitirá nivelar las capacidades para los procesos de cuarteo y despostada para la implementación de la venta de cuartos con hueso y cortes al mercado interno el que se implantará como obligatorio en un plazo prudencial.

Lechería

El gran desafío que se enfrenta es transformar a la lechería argentina en una producción sustentable económica y socialmente, dándole un marco económico y legal estable y previsible en el mediano y largo plazo.

Desde la Coalición Cívica proponemos la creación de un Instituto Público -Privado con participación de las entidades de productores, industriales y del Estado, para la definición de políticas del sector y que las líneas de acción puedan convertirse en Políticas de Estado. Que además, este organismo capaz de generar un “precio pizarra” de referencia, pueda investigar en las distintas líneas de comercialización, los mercados del exterior, con productos que sean cada vez menos “commodities”. Existe en el ámbito de las instituciones privadas una propuesta de Plan Estratégico de la cadena láctea argentina 2020 (PEL) que debe ser considerado al legislar sobre el tema.

La propuesta es resguardar, bajo una ley marco, los derechos y obligaciones de las partes involucradas en la cadena láctea con el efecto de impulsar un ordenamiento, crecimiento y desarrollo de la lechería garantizando su seguridad jurídica a través de este instrumento. El objeto es fomentar, regular y promover el desarrollo de la producción láctea como cadena productiva integrada, considerando a ésta estratégica para el desarrollo agroindustrial. Para ello se protegerá también la producción familiar, de pequeñas y medianas empresas y se estimulará la asociación entre productores y/o empresas.

Desarrollo Rural y Ley de Economías Regionales

Desde la Coalición Cívica entendemos al Desarrollo Rural como una Política de Estado, a los fines de planificar la sustentabilidad de los modos de producción, tanto en términos ambientales como productivos y sociales, vigorizando las condiciones reales para el desarrollo territorial.

Todos los actores de la ruralidad deben ser considerados asegurando su participación, facilitando y promoviendo la titularización de tierras a los actores más débiles del sistema los pequeños productores y los pueblos originarios.

Se sitúa como sujetos a promocionar a los pequeños y medianos productores de las economías regionales así como también Cooperativas y Empresas PyMEs de capital nacional y Asociaciones y/o Grupos de Productores Familiares Garantizaremos la efectiva aplicación de medidas de fomento y programas por producto y zona dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que se ocupa de las economías regionales.

Profesionalización e Independencia de Organismos Técnicos

Profesionalización e independencia de los organismos técnicos. Sistema de Mérito para las designaciones y concursos. Fortalecimiento de las instancias de control, los frenos institucionales a las situaciones de convivencia y el intercambio de favores entre funcionarios y empresarios. Profesionalización y financiamiento para el SENASA. Sin un organismo sanitario fuerte no hay política de largo plazo viable para el sector. Asimismo planteamos el fortalecimiento del INTA y la reforma de la ONCCA.

Normalización de la Información Pública Agropecuaria

Para asegurar el normal desenvolvimiento de la producción agroindustrial y la igualdad de oportunidades para todos los actores de la cadena agroindustrial resulta imprescindible recuperar la validez de la información, la metódica y precisa publicación de estadísticas de precios, producción y mercados. En ese marco debe, entre otras medidas, recuperarse la confianza en los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA)

Emergencia Agropecuaria

Fondo Permanente de Emergencias Agropecuarias: incluido en la Ley de Presupuesto, de manera que ante la urgencia se pueda gestionar con la agilidad necesaria la ayuda a quienes están siendo afectados. Asimismo debe promoverse la ampliación de la cobertura y el acceso a los seguros de riesgo agropecuario.

INTA

Desde la Coalición Cívica consideramos que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuria (INTA) es el organismo que conoce el territorio y tiene soluciones productivas y ambientales para cada realidad. Es por ello que consideramos que es necesario reforzar las herramientas con las que cuenta el mismo.

Ley De Soberanía Alimentaria

La Coalición Cívica considera fundamental promover una política agraria que garantice tanto el derecho del país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo como el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales.

Se formulará y ejecutará un Plan Estratégico Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional elaborado de manera participativa y articulada entre los sectores públicos, privados, movimientos sociales, campesinos, indígenas, entre otros. Se creará el Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional como una instancia de carácter gubernamental que será quien establezca los lineamientos generales de política en esta materia y realizará las recomendaciones de adopción de medidas necesarias para fortalecer y garantizar la Soberanía Alimentaria Nacional. (García, Reyes, Carrió Epdte 3792-D-2010)