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Se requieren transformaciones en el sistema judicial, ya que en cualquier democracia es sin duda una de las expresiones institucionales más importantes en razón de la repercusión social que cobra su función.

Implementación de políticas tendientes a lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en forma integral.

Modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.

Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de Justicia.

Creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas.

Implementación de la policía judicial.

Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplir en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.

Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que permita el mejor logro del objetivo de la resocialización de los reclusos, previsto en nuestra Constitución Nacional.

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que establezca un procedimiento distinto del proceso penal ordinario, con todas las garantías constitucionales, para los menores en conflicto con la ley penal.

Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y a la violencia contra niñas y niños, removiendo los obstáculos tanto en los procedimientos como en la capacitación de sus miembros que impiden la prevención, la sanción y persecución.

Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, a través del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, avanzando hacia la conformación de un Estado pluricultural.

Profundización de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos —como la mediación— en pequeñas causas.